jueves, 4 de noviembre de 2010

La tercera mirada. Panorama del audiovisual latinoamericano.

Capítulo 8: REFLEXIONES PARA EL DESARROLLO DEL “ESPACIO AUDIOVISUAL LATINOAMERICANO” (EAL)

(“La Tercera Mirada. Panorama del audiovisual latinoamericano” Paidós, Buenos Aires, 1996).

Antecedentes de políticas

Desde hace casi un cuarto de siglo la historia de América latina parece vivir una especie de renovada esquizofrenia en el campo de la comunicación. Los países latinoamericanos convocaron a mediados de 1976, antes que en ninguna otra región, a la realización de una Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación en América latina el Caribe, la primera de ese tipo que se celebró en el mundo, y que tuvo lugar en la ciudad de San José de Costa Rica; luego vendrían la de los países asiáticos en el ‘79 y la de los africanos en el ‘80. Simultáneamente, con el tácito aval de los mismos gobiernos, comenzaron a introducirse por medio del contrabando los primeros equipos de las nuevas tecnologías audiovisuales, aunque no para promover precisamente la democratización comunicacional que se reclamaba en San José, sino para incrementar la presencia en la región de materiales cinematográficos y televisivos producidos en las naciones más industrializadas.
En San José, cuya reunión había sido promovida años antes con el auge de políticas de cambio en diversos países de la región, se elaboraron treinta importantes recomendaciones que, en su mayor parte, siguen conservando actualidad; la razón principal de su vigencia es que casi ninguna de ellas ha podido llevarse a la práctica. Estas recomendaciones tropezaron con la fuerte oposición de las empresas privadas de los medios, que vieron en ellas una supuesta injerencia de los gobiernos en lo que suponían —y siguen suponiendo— un coto cerrado, al invocar las llamadas “libertad de empresa” y “libertad de expresión”

Pero tropezaron con una oposición mayor aún, como fue la de los cambios políticos que se produjeron durante los años de la propia preparación de la reunión. Cuando ella tuvo finalmente lugar, sólo cuatro países latinoamericanos estaban representados por gobiernos elegidos democráticamente (México, Costa Rica, Venezuela y Colombia). Los militares se habían hecho cargo de los gobiernos de la Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia, y continuaban al frente de Paraguay, Ecuador, Brasil y la mayor parte de América Central. En Chile, Uruguay y Argentina, las dictaduras tenían los medios bajo su absoluto control; en Perú, los avances experimentados por la primera fase del gobierno militar de Velasco Alvarado cedieron, en el ‘75, al desmantelamiento de la propiedad estatal y colectiva de los medios. En México y Venezuela los debates y propuestas iniciados en el campo de las políticas comunicacionales fueron abandonados, al menos momentáneamente, en favor de la fuerte presión del sector privado.

La Declaración de San José había sostenido que: “debido al crecimiento de la población y al aumento consiguiente de sus necesidades espirituales y naturales, el talento científico del hombre ha creado medios o instrumentos cada vez más eficaces que facilitan el acercamiento y la comunicación de la especie (y que) estos medios forman parte de los recursos de la sociedad, del patrimonio científico de la humanidad, y por lo mismo constituyen componentes fundamentales de la cultura universal. (Por lo tanto) debe ser responsabilidad conjunta del Estado y los miembros de la sociedad establecer planes y programas para el uso extensivo y positivo de los medios dentro de las políticas de desarrollo.”

Se recomendaba también la formulación “de Políticas Nacionales de Comunicación que debían concebirse en el contexto de las propias realidades, de la libre expresión del pensamiento y del respeto a los derechos individuales y sociales”.

En lo referente al cine, la Recomendación 25 instaba a incrementar la producción, amparándola a nivel legislativo y económico, incentivando, además, la realización de convenios de coproducción “que no desvirtúen la identidad cultural histórica y favorezcan el desarrollo de la educación”, y la creación de un sistema de distribución y exhibición cinematográfica regional. La Recomendación 30 proponía la organización de un Banco de Materiales audiovisuales, con prerrogativas de investigar y recopilar sobre la existencia de materiales audiovisuales de los países de la región; estructurar mecanismos y sistemas de recolección y reproducción de dichos materiales de acuerdo con las necesidades generales y específicas de los diferentes países; organizar mecanismos de redistribución de los mismos; orientar las acciones del Banco en el sentido de implementar en el futuro más cercano posible un centro de producción de materiales audiovisuales del área, para satisfacer las necesidades que no estuvieran cubiertas por las producciones específicas de los distintos países.

Elizabeth Fox recuerda acertadamente que América latina fue la primera región del Tercer Mundo, considerada en su conjunto, que identificó determinados problemas en sus sistemas comunicacionales, propuso políticas nacionales de comunicación y, en algunos casos, llevó a cabo grandes reformas estructurales en la radiodifusión y la prensa. Los participantes en la referida reunión supieron evaluar críticamente a voluminosa importación de noticias, grabaciones y programas de televisión, la ausencia de un intercambio regional de noticias, el control casi enteramente privado de los medios y la carencia de servicios públicos y canales para la participación y el acceso populares.

San José fue en este sentido un acontecimiento simbólico y ritual que resumía unos objetivos y unos ideales que se habían ido formando durante largo tiempo en América latina. Su llamamiento en favor de una política explícita, coherente y susceptible de ser impuesta en relación con un uso democrático de los medios y el desarrollo de la soberanía cultural y de las comunicaciones, tuvo luego efectos sobre otras regiones del mundo (Fox, 1989).

En cuanto al análisis de los problemas y a las alternativas que se planteaban para su solución —presentes hoy, por ejemplo, en las naciones europeas— América latina demostraba ya hace un cuarto de siglo atrás, un nivel de conciencia digno de mejores resultados. Pero la historia tuvo, como ha ocurrido tradicionalmente, su otra cara, y ésta probó tener mayor capacidad que la del análisis y las propuestas de investigadores, estudiosos y políticos culturales. Una realidad histórica sustentada en la dependencia de los intereses de las grandes potencias hizo que las multinacionales y las leyes de la concentración monopólica del capital tuvieran más fuerza que las mejores intenciones locales. Por ello, la introducción y expansión de las innovaciones tecnológicas, en general, y las del audiovisual, en particular, respondieron a un modelo coherente con dichos intereses.

Los nuevos acuerdos

Las industrias audiovisuales son indispensables para producir y reproducir las propias imágenes de pueblos y personas, por lo cual se constituyen en elementos clave de identidad y desarrollo. Una política cultural que olvide o descuide el espacio audiovisual resultará, por definición, ajena a los propósitos de defensa de las identidades culturales y el desarrollo autosostenido” (Encuentro Regional, 1991).

Estas conclusiones del encuentro de expertos en comunicación y cultura, que tuvo lugar en México en los primeros meses de 1991, constituyen tal vez la primera constatación que se establece en el plano regional sobre las relaciones integrales que existen entre imagen, identidad y desarrollo.

También se sostuvo en dicho encuentro: “Hasta ahora, el lugar del audiovisual en la formulación de políticas públicas ha sido errático e incierto. Por su obvio y predominante efecto sobre las identidades nacionales y populares, el audiovisual debe inscribirse definitivamente en el campo específico de las políticas culturales. Dicho en otras palabras, corresponde resituarse frente al audiovisual para asumirlo como lo que sustancialmente es: vehículo de cultura, creador y no sólo transmisor de manifestaciones culturales, educador y “escuela paralela” por excelencia.”

Algunos trabajos individuales avanzaron con anterioridad hacia este tipo de conclusiones, pero pocas veces, o nunca, hasta ahora, ellas habían sido suscritas conjuntamente y a nivel regional por expertos de esta problemática. El hecho de asociar imagen audiovisual a identidad y ésta a desarrollo, así como de constatar los nexos existentes entre comunicación, educación y cultura permite establecer un principio de reflexión sobre la importancia que tienen los medios audiovisuales en los países de la región. No se trata ya de evaluar cada uno de dichos medios como simples recursos aptos para contener información, entretenimiento, educación, difusión cultural o expresiones artísticas; se hace referencia a su papel en el desarrollo intera1 de las naciones, el que a su vez incluye esos aspectos, pero también otros de igual o mayor significación como la economía, la justicia social, la democracia, las relaciones internacionales. Este papel fundamental del audiovisual en todos esos campos no está sin duda suficientemente comprendido en la mayoría de los organismos, instituciones o empresas —gubernamentales o no gubernamentales— relacionados con estos temas, ni tampoco ha sido motivo de debate en el conjunto de nuestras comunidades.

Un recuento de las acciones realizadas a nivel regional permite, sin embargo, observar algunos avances en la toma de conciencia sobre la importancia de los problemas referidos.

Así, por ejemplo, en la Primera Reunión de los Ocho, autoconvocada en Acapulco en noviembre de 1987 por los presidentes de la Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, se ratificó la decisión de contribuir a la integración cultural regional:

Reconocemos en nuestro patrimonio cultural. un elemento irrenunciable de la personalidad de América latina, que nos permite vincularnos a las complejas realidades del mundo moderno conservando nuestras raíces históricas. Ese patrimonio permitirá asimismo fortalecer la democracia como sistema de vida y de valores propios. Asumimos también el compromiso de procurar que la integración cultural impulse el desarrollo global y la modernización de nuestras sociedades. Considerando el papel vital de nuestras sociedades en la promoción de la cultura, haremos esfuerzos para que se adopten legislaciones nacionales tendientes a estimular la producción de bienes culturales, movilizando a los sectores productivos para aplicar recursos en esa área, a fin de propiciar un mayor conocimiento entre nuestros pueblos e intensificar el intercambio cultural y educacional [...] Conscientes de la importancia del acercamiento cultural y educativo como instrumento que favorecerá la integración regional, nuestros gobiernos impulsarán en el campo de la cultura acciones que comprendan la preservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico y natural, y la utilización de los medios de comunicación social para un mayor conocimiento de los diversos valores de la región. Igualmente se promoverá una más amplia vinculación y cooperación en materia de creación artística y cultural. Nuestros gobiernos destinarán a este propósito recursos suficientes” (Compromiso de Acapulco, 1987).

Un mes después, se emitió en La Habana, en el marco del IX Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el Documento “A veinte años de Viña del Mar: Por el ideo y la Televisión Latinoamericanos”, suscrito por productores independientes de video y televisión de la región, donde se acordó “promover en cada país y a nivel regional mayores relaciones e intercambio entre instituciones, entidades y profesionales del cine, la televisión y. el video, con el propósito de fortalecer la organización y actividades de quienes están trabajando en el campo de la comunicación audiovisual” (Documento, 1987).

Poco después, en abril de 1988, se realizó en Santiago de Chile el llamado Primer Encuentro Latinoamericano de Video autoconvocado, del que participaron videastas de Chile, Bolivia, Brasil, la Argentina, Perú y Uruguay; en él se reafirmaron los acuerdos celebrados en La Habana pocos meses antes y se propusieron nuevas medidas para el proceso de integración del video regional.

En el Manifiesto de Santiago (1988) emitido en dicho Encuentro, se señaló: “La relación entre el video, el cine y. la televisión debe ser asumida desde la perspectiva de la comunicación y la cultura. Esta óptica permite valorar los aportes y potencialidades de estos medios considerados tanto en forma individual como conjunta. De este modo, la búsqueda de lo específico de cada uno también se enriquece a partir de los rasgos complementarios de estos medios.”

Otros encuentros., como el Seminario sobre el video en la Comunicación Popular (Montevideo, marzo de 1988); Seminario Experiencias de Video en América latina (Quito, octubre de 1988); Seminario de Video, Comunicación Popular e Intercambio Tecnológico (San José de Costa Rica, agosto de 1988); Encuentro de Realizadores de Video del X Festival del Nuevo Cine Latinoamericano (La Habana, diciembre de 1988); Encuentro Latinoamericano de Video (Cochabamba, junio de 1989); Encuentro de Realizadores de Video del XI Festival del Nuevo Cine Latinoamericano (La Habana, diciembre de 1989); y los encuentros latinoamericanos de video realizados en Montevideo en 1990 y en Cusco, en 1993, unidos a los que tuvieron lugar anualmente para el caso del cine en los festivales de La Habana, fueron instancias a través de las cuales decenas de vídeastas de la región procedieron al intercambio y al establecimiento de diversos acuerdos para el desarrollo del movimiento de video, dando particular atención a sus relaciones con los otros medios del espacio audiovisual.

Los ministros de Relaciones Exteriores de países miembro de ALADI (la Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay) suscribieron en octubre de 1988, en Montevideo, el Acuerdo de Alcance Parcial de Cooperación e Intercambio de Bienes en las Áreas Cultural, Educacional y Científica que propende a “la formación de un mercado común de bienes y servicios culturales” mediante exoneraciones de gravámenes y de restricciones comerciales. La lista de bienes incluye películas cinematográficas y videocasetes grabados en los países signatarios (Acuerdo, 1988).

A comienzos de 1989, la Tercera Conferencia Latinoamericana sobre Servicios Públicos de Radiodifusión afirmó en Quito que los medios electrónicos son instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, el progreso social, la consolidación democrática, la educación popular y la identidad cultural. En la Declaración de Quito sobre el Espacio Audiovisual Latinoamericano (1989), restringida a los medios de radiodifusión, esa Conferencia acordó que, en relación con el futuro, dicho espacio “debe ser decidido en conjunto por sus pueblos y debe preservar que la voz y la identidad regional sea generada y reconocida en primer lugar en la propia América latina y el Caribe. La región tiene derecho a que esa voz y esa identidad sean presentadas sin distorsiones en el mundo entero”.

También en el sector televisual se observa la realización de diversos encuentros subregionales de empresarios y entidades que nuclean, particularmente, a la TV-Cable, como es, por ejemplo, la feria que se proyectaba en Buenos Aires, en 1993, para el intercambio de experiencias y tecnologías entre los países del Mercosur.

En el área del cine, los representantes de los organismos a cargo de la cinematografía de los países latinoamericanos suscribieron en Caracas, en noviembre de 1989, el Convenio de Integración Cinematográfica, el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica y el Acuerdo para la Creación del Mercado Común Cinematográfico Latinoamericano.

Ese primer Convenio, firmado a nivel plenipotenciario y en trámite de ratificación en los congresos nacionales de la Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, destacó que su propósito “es contribuir al desarrollo de la cinematografía dentro del espacio audiovisual de los países iberoamericanos, y a la integración de los referidos países, mediante una participación equitativa en la actividad cinematográfica regional” (Convenio, 1989).

Posteriormente, se realizaron reuniones de los representantes de los organismos nacionales del cine —Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI) — en la Argentina, México, Cuba, Venezuela y Colombia. En la efectuada en la ciudad de Caracas enjulio de 1991, se creó la Secretaría Permanente de la GACI y se avanzó en los trámites para implementar los acuerdos y convenios suscritos en 1989 en Caracas, particularmente el referido al mercado común cinematográfico.

Dos meses después, en Mar del Plata, Argentina, el II Encuentro de Ministros de Cultura (1990) de la región acordó promover las acciones de integración cinematográfica regional y “propiciar el incremento de nuevas formas de producción audiovisual surgidas en los países de la región, en particular, el movimiento del video latinoamericano”. En mayo de ese mismo año, durante la Reunión de Presidentes de los Países Andinos (1990), se suscribió en Perú el Acta de Machu Picchu, donde se acuerda “promover la apertura de las frecuencias UHF de la televisión, así como la televisión por cable y la emisión directa de noticieros y programaciones culturales a efecto de difundir la señal y la programación de canales de televisión de los demás países andinos”.

Un grupo de expertos, convocados a mediados de 1990 por los ministros de Cultura de la región, recomendó promover la formulación y ejecución de políticas nacionales de comunicación, incluido el compromiso del Estado hacia una televisión de calidad y el desarrollo de la televisión de servicio público (Encuentro, 1990).

En septiembre de ese mismo año, el III Encuentro de Ministros de Cultura, del que participaron 23 representantes de otros tantos países de la región, acordó que “es indispensable contemplar adecuadamente, en el marco de las políticas culturales, el papel de los medios de comunicación masiva y las industrias que producen bienes de cultura”, destacando que “los flujos económicos globales tienden a imponer una mayor dependencia a las industrias culturales de la región y, en ocasiones, amenazan la viabilidad de las empresas nacionales que operan en este sector”.

En lo referente a la comunicación audiovisual, señalaron en el documento final, conocido como Carta de México, que “por su penetración. y alcance, la televisión es en nuestros días el medio más poderoso para la transmisión de información, valores y patrones de conducta. Nos proponemos incrementar entre nosotros los intercambios de materiales de carácter cultural, así como examinar las posibilidades de emprender coproducciones y proyectos conjuntos de enlace regional. Tenemos el propósito de ofrecer al televidente una alternativa educativa y de excelencia, frente a programas de escasa calidad que son, en ocasiones, elementos de enajenación.

En el Programa de Acción acordado en ese Encuentro, se respaldaron las iniciativas y acuerdos de la CACI, la ULCRA y la Caribbean Broadcasting Union (CBU) (Carta, 1991).

En marzo de 1991, convocado por los responsables gubernamentales de la cultura regional, se llevó a cabo en México Encuentro Regional de Expertos de Alto Nivel (1991) con el propósito de elaborar recomendaciones para la 1V Reunión de Ministros de Cultura. Entre ellas, se destacó: “El Espacio Audiovisual Latinoamericano puede llegar a constituir un ámbito estratégico de integración, si nuestros países se deciden a concertar e intercambiar sus propias producciones, impulsando al mismo tiempo la exportación de lo nuestro y la importación ‘de lo que, producido en cualquier lugar del mundo, venga a fortalecer y enriquecer la identidad y la pluralidad de nuestros pueblos. Es en este sentido que los esfuerzos y acuerdos ya adoptados (y no siempre cumplidos) por los ministros de Cultura, la CACI, la ULCRA y otros organismos de integración, requieren ahora de un salto cualitativo que pasa necesariamente por la reformulación del lugar del audiovisual en las políticas culturales de cada nación y de la región entera.

La IV Reunión de Ministros y Responsables de Cultura, efectuada en La Habana en septiembre de 1991, incorporó a su programa de acción las recomendaciones del Encuentro de Expertos, y señaló en la llamada Carta de La Habana (1991): “En los cuatro encuentros realizados hasta la fecha, hemos despejado temas medulares de la política cultural y de las ideas programáticas de nuestra identidad (...) Hemos avanzado en la definición de un libre mercado de bienes y servicios culturales, en especial, en materia del libro, el cine, el video y la televisión (...) América latina y el Caribe, a partir de su unidad, se proyectan ante el mundo como un solo pueblo, como una comunidad de naciones que extrae de sus propias diferencias la fuente necesaria para afirmar su confluencia de intereses y perspectivas de desarrollo.

El Estado y lo privado: entre el economicismo y la ética

Podría afirmarse que este proceso iniciado en 1976 con la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Nacionales de Comunicación, en San José de Costa Rica, y reafirmado en los últimos años a partir del restablecimiento de las instituciones democráticas en casi todos los países de la región, reflexionó ya bastante sobre los temas de la cultura regional y también hizo público un número suficiente de acuerdos, convenios y recomendaciones sobre la cultura, la comunicación y los medios audiovisuales.

Sin embargo, dichas áreas atraviesan dificultades cada vez mayores y todavía no aparecen las decisiones políticas, más allá de los papeles escritos y firmados, que permitan una verdadera reformulación sobre el papel que el audiovisual, la comunicación y la cultura deben desempeñar para el desarrollo de nuestras naciones. Y lo que es tanto o más grave aún, tampoco existen estudios y diagnósticos adecuados sobre esta problemática —particularmente en sus aspectos legislativos, económicos, tecnológicos— ni sobre la dimensión y la profundidad con que la población usuaria resignifica los discursos audiovisuales que consume cotidianamente.

A estas limitaciones contribuyen, sin duda, el actual proyecto neoliberal vigente en muchos países, cuyas propuestas en el campo del Estado y de la economía tienen también sus correspondientes en el de la comunicación y la cultura: restricción del gasto público, reducción del papel del Estado en los medios, “esponsorización” de las actividades del sector, etcétera. Como dice Barbero (1990): “Al desplazar el eje de la sociedad política al mercado, al buscar la sustitución del Estado como agente constructor de hegemonía, las nuevas políticas conducen a que la iniciativa privada aparezca como la verdadera defensora de la libertad de creación y el único enlace entre las culturas nacionales y la cultura transnacional, convertida ésta en modelo y guía de la renovación [...I Esa desocialización del Estado, acarreada por la lógica del actor transnacional, se hace especialmente visible en la restricción del gasto público y su concentración en las prácticas culturales más alejadas de las dinámicas y las cuestiones en que palpita la actualidad social.”

En esta política que no es totalmente nueva, pero que crece y parece afirmarse en numerosos países, los medios de comunicación tienden a privatizarse, y la cultura es derivada hacia las empresas locales o transnacionales, que se ocuparían de financiar la parte más espectacular de sus manifestaciones. Por su parte, el Estado se reduciría a preservar el patrimonio y los monumentos arqueológicos y a rescatar o conservar las manifestaciones culturales tradicionales; manifestaciones que, a su vez, están entrando en decadencia, precisamente porque la transnacionalización de la cultura incorpora en las expresiones locales nuevas experiencias, de las cuales los pueblos se apropian en muchos casos, redefiniéndolas y viviéndolas de otra manera, haciendo que ellas sirvan a la recreación de su identidad.

Existen visibles dificultades en la mayor parte de los países para articular las relaciones de los organismos del Estado en los campos de la comunicación, la cultura y la educación, se a que ellos forman parte de una realidad claramente interrelacionada. No menores son las dificultades para desarrollar políticas conjuntas y armónicas en los medios del espacio audiovisual, respetuosas de la especificidad de cada uno de ellos, pero comprensivas de la integralidad del mismo. La desarticulación se acentúa todavía más a partir del proyecto neoliberal, en lo que se refiere a los roles que corresponden al Estado, por una parte, y al sector privado, por la otra, en la conducción de los medios audiovisuales.

El gobierno brasileño de Collor de Mello liquidó en 1990 prácticamente todo vestigio de presencia estatal en el campo del fomento a la producción cinematográfica local, aunque en 1991 parece estar reconsiderando esa política.

También en 1990, el gobierno argentino de Carlos Menem dejó casi sin presupuesto el área de la cultura y redujo su apoyo a la industria cinematográfica, privatizando simultáneamente diversos canales de televisión y emisoras de radio, pese a que se mantenía el interés en continuar el sistema de fomento del cine local y se proyectaba incrementar para 1993 el presupuesto cultural.

En México, el gobierno de Salinas de Gortari, uno de los que más promueven en la región las actividades culturales, inició un proceso de privatizaciones sobre medios audiovisuales, que reducirá sustancialmente la presencia estatal en el mercado cinematográfico.

Pese a las intensas presiones de entidades relacionadas con el cine, el gobierno de Venezuela no ha aprobado todavía la ley que desde hace más de diez años se tramita para dicho sector, suprimiendo, en cambio, como lo hizo también el de Costa Rica, el Ministerio de Información. En Chile, la dictadura pinochetista dictó, pocos meses antes de dejar el poder, una legislación destinada a privatizar la televisión, frente a la cual todavía no ha podido hacer nada el nuevo gobierno democrático.

La crisis económica sirve de justificación para que muchos gobiernos de la región subvaloren el sector cultural y reduzcan sus presupuestos, promoviendo simultáneamente una derivación de actividades de la comunicación y la cultura a la iniciativa privada. Ésta se reserva los medios que pueden producir utilidades económicas —junto con lo referente a la innovación y a la creatividad rentable— dejando al Estado todo lo relacionado con los museos y el pasado.

El debate instalado en los últimos años en países como la Argentina, Chile y otros, sobre los proyectos de nuevas legislaciones para la televisión, prueba la dimensión de un conflicto que no puede resolverse con el tradicional maniqueísmo de “Estado versus sector privado”. Recordemos que las clases sociales dominantes en América latina han sido sucesivamente “estatistas” o “privatistas”, según fueran las circunstancias coyunturales y lo que más convenía a sus intereses en cada momento.

El Estado y lo privado no son realidades antagónicas, como tampoco lo son lo individual y lo colectivo. Al igual que ocurre cuando nos referimos a la noción de libertad, tales realidades sólo pueden ser valoradas, positiva o negativamente, por la función social que desempeñan en la realidad. No se trata de inmiscuirse en actividades que pueden incidir sólo en la persona o el grupo que las lleva a cabo, sino en aquellas que se proyectan sobre la sociedad y que inciden para su mayor bienestar o para su perjuicio.

Es algo parecido a lo que ocurre con la educación, la salud, o la seguridad social: espacios que la comunidad está obligada a controlar y a regular para que sirvan a su necesario desarrollo. Ésta es la razón por la cual una sociedad ubica en el Estado determinadas responsabilidades que no pueden ser transferidas a ningún sector con intereses particularizados, sino, precisamente, á quien justifica su existencia cuando representa democráticamente el interés de todos. Lo cual no impide la necesaria libertad del sector privado en esos espacios; se trata, simplemente, de imprimirle la ética social que debe serle inherente cuando está en juego la educación, la comunicación y la cultura de un país.

En una carta enviada por el productor brasileño de televisión Paulo Grisolli a los organizadores del encuentro regional sobre políticas culturales audiovisuales a que hicimos referencia, sostenía: “En nuestros países, la legítima explotación mercadológica de la televisión no impone a las empresas ningún compromiso de salvaguardia de la sociedad misma. En cuanto a esto, una fábrica de spaghetti es más exigida que un complejo de comunicaciones que se proponga transmitir televisión masivamente E...] Habituados, en nuestra América latina, a dictaduras y situaciones semejantes, nosotros mismos no nos damos cuenta de que, en nombre de repudiar actitudes discriminatorias, estamos constantemente confundiendo libertad de información con libre explotación del mercado de entretenimiento. Y por tal razón, tenemos escrúpulos de exigir compromisos ético- sociales a la televisión por creer que ello es censura. Pero, hoy más que nunca, los parámetros son distintos. Censura es un acto arbitrario del gobierno para imponer restricciones morales y políticas a la libre manifestación del pensamiento. La imposición previa de compromisos ético-sociales a la televisión es un deber de los legisladores legítimos y de toda la sociedad, como un proceso de autodefensa” (Grisolli, 1991).

Participación social: el “tercer ojo” del audiovisual

El debate que se encierra en la falsa opción “estatización o privatización” termina omitiendo los cambios que se han venido dando en los últimos años en la realidad latinoamericana, con la reducción del Estado en todas las áreas de la vida nacional y con la raquitización que, a un mismo nivel, se da en el sector privado en cuanto a su capacidad para conducir el desarrollo.

Esa falsa opción también ignora la existencia de viejos y nuevos actores sociales que exigen una mayor participación democrática en los niveles globales o sectoriales de gestión: fuerzas y movimientos sociales —étnicos, sindicales, religiosos, generacionales, sexuales, culturales, etcétera— tradicionalmente relegados, y a los cuales poco o nada se les ha consulado sobre lo que quieren en relación con los temas de la culturara y la comunicación social, y menos aún de otros asuntos de igual o mayor importancia. Son muy pocas las excepciones en este sentido y ellas no modifican una situación, que en términos generales ha quedado librada a la evolución de las relaciones entre el Estado y los sectores privados que manejan los recursos básicos de una nación.

El rechazo a una mayor participación social y democrática en los campos de la comunicación y la cultura termina estimulando la transgresión a las leyes vigentes —concebidas más para servir a intereses sectoriales que para una gestión verdaderamente democrática— como ocurre con el movimiento de radiodifusoras “ilegales” o de emisoras televisivas comunitarias” en la Argentina, o con la multiplicación en muchos países de grupos productores y difusores de video popular o alternativo.

Las normas jurídicas van muy atrás de la propia realidad y traban su desarrollo, incapaces de adaptarse a la velocidad de los cambios que se experimentan en las prácticas sociales. Con ello, lo que se promueve es el descreimiento y la desconfianza. Las leyes no tendrían valor alguno y las instituciones democráticas tampoco; la misma democracia termina siendo visualizada como mero juego al servicio de la elite política y su funcionamiento aparece peligrosamente desactualizado en relación con los cambios que se dan en la cultura y en la vida cotidiana de cada pueblo.

La participación del conjunto de la población en el diseño y supervisión de las políticas culturales audiovisuales, tanto nacionales como regionales, provinciales o locales, resulta entonces totalmente legítima, ya que hace a sus más elementales derechos democráticos y contribuye al desarrollo social de cualquier comunidad.

En el reciente debate chileno sobre el futuro de la televisión, un Análisis de Actualidad (1990) elaborado en defensa del proyecto del nuevo gobierno democrático señala situaciones que son comunes también a otros países: “En Chile la propiedad privada de los medios de comunicación no garantizó el pluralismo bajo la dictadura. Obviamente, tampoco lo hizo la propiedad estatal de ellos y, en el caso específico de la TV, no lo hizo ni la propiedad estatal ni la universitaria. Aún más, la enorme mayoría de las empresas privadas aceptaron con docilidad el establecimiento de la dictadura. La razón de ello es obvia: la lógica de la empresa privada es la de la máxima rentabilidad económica, no la de la máxima democratización. Su objetivo es obtener las mayores utilidades y no defender el pluralismo [...] El proyecto del Ejecutivo no niega el derecho del poder económico a la TV. Por el contrario, lo acepta. Pero acorde con una visión democrática y humanista y con la práctica de la mayor parte de las democracias modernas, busca asegurar un pluralismo real, esto es, hacer que en el sistema de TV no sólo esté el poder económico, sino también poderes sociales y culturales, como las Universidades o las Iglesias y, a través de una televisión pública, garantizar la expresión de un poder político plural y diversificado, que participa efectivamente en la orientación del medio.

Reflexiones semejantes se producen a menudo en otros países, enfrentándose a la soberbia ideologista y economicista del proyecto neoliberal. Ellas coinciden en la implementación de políticas que afirmen los procesos participativos y democráticos en el interior de cada sociedad. Para ello se proponen condiciones muy precisas, como las de reclamar que no haya monopolio estatal de los medios audiovisuales, pero que tampoco exista monopolio por parte de los grandes conglomerados económicos.

Se plantea también una mayor participación de las organizaciones sociales en la utilización de los medios, juntamente con los sectores estatal y privado, así como la necesidad de reformular la situación de los sistemas estatales de televisión para que ellos sean autónomos e independientes del gobierno de turno, promoviendo en ellos la presencia activa de las organizaciones representativas de la comunidad.

Democratizar el intercambio

La unidireccionalidad de la información y la comunicación es el dato más relevante de las relaciones de las naciones desarrolladas con las subdesarrolladas. En la Conferencia Intergubernamental de San José, de 1976, se constataba va que “la gran prensa y los medios audiovisuales del mundo industrializado ignoran nuestras luchas, nuestros esfuerzos y los justos reclamos de un sistema de justicia internacional”. Uno de sus promotores, el boliviano Luis Ramiro Beltrán, señalaba que “mientras predomine el tipo de relación cultural que existe entre EE.UU. y los países de la región, la integridad de sus culturas estará en peligro y la emancipación económica y política será muy difícil” (Beltrán, 1980).

La situación se ha agravado en los últimos años, de tal modo que la casi totalidad de la información internacional y las comunicaciones periodísticas, radiales y televisivas se concentran en Estados Unidos y Europa. Los flujos informativos, comunicacionales y culturales son Norte-Norte y Norte- Sur, y expresan una situación de real injusticia en ese terreno, como parte de lo que sucede en casi todos los otros, lo que también es una falta de verdadera democracia en las relaciones internacionales.

En la Declaración de Lima, de fines de 1990, se constataba acertadamente: “El reciente y bienvenido proceso de expansión de la democracia conlleva, sin embargo, un reforzamiento a escala mundial de las oligarquías de la información y de la comunicación. En razón de sus propias contradicciones, la democracia puede multiplicar en su sistema circulatorio los gérmenes de la autodestrucción, puesto que sin pluralismo, sin diversidad ni libertad compartidas en comunicaciones, no hay democracia genuina. Hoy más que ayer, con énfasis sobre la práctica antes que sobre la retórica, hay que procurar una Nueva Comunicación, sin mitificar fórmulas y slogans ni desconocer los cambios, pero sin renunciar al ideal supremo de una comunicación más libre, en aspectos sustantivos, de intereses económicos y políticos, y a la vez participatoria, sujeta a criterios superiores de solidaridad y justicia”.

Revertir esa situación no parece ser fácil para ninguna nación latinoamericana, incluidas aquellas que han logrado un relativo o importante crecimiento en materia de recursos comunicacionales. Demandará, además, el esfuerzo y la cooperación de los países de la región, a fin de intercambiar o integrar recursos económicos, tecnológicos y humanos, que a su vez se coloquen al servicio de una política representativa de los intereses del conjunto y de cada uno de los pueblos.

Alcanzar una presencia efectiva en el plano internacional a fin de que la comunicación y la cultura de nuestros países circulen por los flujos Sur-Sur y Sur-Norte, exigirá de nuestra parte la actualización de proyectos y tecnologías —posibles de ser negociadas incluso con las naciones más industrializadas— para establecer, por primera vez en la historia, una relación equitativa y democrática. Es un ideal, en suma; un sueño también, pero que se relaciona con la necesidad vital de existir como naciones y comunidades diferenciadas, en el marco de las relaciones internacionales.

Esta exigencia de democratización de las comunicaciones internacionales se hace también necesaria en el interior de cada país, dado que en el plano local suelen reproducirse las mismas relaciones de unidireccionalidad y dependencia que se viven a escala internacional. En este sentido, una de as limitaciones mayores que aparecieron en los justos reclamos del Nuevo Orden Internacional de la Información y la Comunicación (NOMIC) fue, precisamente, que ellos se esgrimían muchas veces desde países carentes, en el plano interno, de la más elemental democracia informativa y comunicacional.

En términos generales, el poder informativo, comunicacional y audiovisual se concentra en muy pocas ciudades, a veces sólo en la ciudad capital. Un estudio realizado en la Argentina hace pocos años permitía observar que la Capital Federal, con el 10 % de la población, concentraba el 93 % de la producción nacional que circula por la televisión y más del 90 % de la comercialización de programación extranjera; igualmente centralizaba el 65 % de los diarios y el 98 % de las revistas nacionales. Esta producción no atendía, por otra parte, las necesidades socioculturales del interior del país, de tal modo que apenas el 6 % del 93 % de la programación nacional producida en la Capital se dedicaba a temas o problemas del interior, porcentaje parecido al del 4 % de las revistas ocupado de esos mismos asuntos (Ford, 1987).

Toda comunidad necesita que los profesionales del audiovisual y de la comunicación social contribuyan a la construcción de imágenes propias, en las que aquélla pueda autorreconocerse. Pero dicha labor pareciera peligrar cada vez más con la creciente centralización de la producción comunicacional en las grandes naciones y en las metrópolis de la región. Con lo cual la gente advierte que no se le permite existir como un ser, un pensar y un sentir diferenciados. Desea ver y escuchar a otros hombres y a otros pueblos, pero también exige que aquéllos la vean y la escuchen; es decir, que la piensen y la sientan.

Esto hace prever que, mientras más intensidad alcance la transnacionalización del poder comunicacional, o mientras mayor sea su reproducción en el interior de cada país, mayores podrían ser las exigencias de cada comunidad de contar con medios locales de comunicación y cultura, pero no como negación de los medios externos o altamente centralizados, sino, sencillamente, como complemento de lo que aquéllos no comunican ni expresan.
Complementar lo local y lo universal

Se verifican dos tendencias que, aunque parecen contradictorias, son en realidad complementarias: por un lado, la marcha hacia la universalización y la globalización, y por otro, la necesidad de reencontrarse simultáneamente con lo propio, con lo inmediato y fácilmente reconocible, como manera de afirmar una identidad que la escala macro tiende a desdibujar a pasos agigantados.

Pero, al igual que se hace necesario descentralizar el poder ejercido desde la metrópoli —donde el Estado muchas veces se sobrecargó de actividades territoriales, burocratizándose y convirtiéndose en un fin en sí mismo—, la descentralización tampoco resulta una finalidad en abstracto. Una nación, al igual que sus medios de comunicación, demanda de actividades cada vez más descentralizadas, junto con otras que exigen una fuerte concentración, en un proceso simultáneo, a nivel vertical y horizontal, que impida que la descentralización se convierta en disgregación y, en consecuencia, instale problemas mayores que los que se tratan de remediar. Tal como señala Oscar Castellucci (1990): “La descentralización puede ser un sinónimo de disgregación y de aún más injusticia —aunque se la pregone sustentada en un principio inobjetablemente justo— si no hay proyecto nacional, proyecto en el sentido de que contenga a todos y a cada uno en su diversidad, es decir, que les dé sentido”.

Las nuevas tecnologías audiovisuales pueden servir mejor que las tradicionales para atender la diversidad en el campo internacional y en el interior de cada país.

Colombia y México, por ejemplo, han instalado, o están comenzando a hacerlo, políticas de regionalización de la televisión, destinadas precisamente a satisfacer las necesidades diferenciadas de cada comunidad. Los Consejos Regionales de Televisión aparecen así como instrumentos locales ue complementan los nacionales y favorecen la democratización de la comunicación y la cultura. A través del control e dichos medios, cada región puede recurrir a productos de otras regiones y de otros países, pero basándose, antes Que nada, en una adecuada selección de los mismos, según o que aporten al desarrollo integral de cada espacio local.

También la televisión de circuito cerrado, TV-Cable y UHF, al igual que el video, pueden aportar a las necesidades locales (provinciales, municipales, barriales, etcétera) o sectoriales (sindicatos, centros educativos y culturales, profesionales, etcétera) en materia de producción y utilización del audiovisual, sea éste originado a nivel local o en el exterior.

Las necesidades sectoriales crecerán, a su vez, con el tiempo, junto a las territoriales, exigiendo de los agentes del audiovisual una labor mucho más profunda, orientada a satisfacerlas en su carácter específico y diferenciado. De ese modo, las NTA podrán incursionar en un terreno comunicacional que hasta ahora es reservado a otros medios, como ocurre con las revistas dirigidas a sectores sociales “selectivos” empresariales, sindicales, políticos, religiosos, recreativos, culturales, profesionales, etcétera).

En la Argentina, por ejemplo, el mercado de estas revistas se duplicó entre 1987 y 1991, contándose en la actualidad con unos 40 títulos especializados de venta en quioscos, de circulación nacional, pero con alrededor de 1500 títulos de circulación local o sectorial, con promedios de tirada que oscilan entre los 1500 y 2000 ejemplares por número, sin venta en quioscos y distribuidos por la vía de la suscripción. A ello se incorpora la creciente oferta de videos complementarios de revistas y publicaciones periódicas, y la aparición de videoclubes para determinados públicos, donde los títulos ofertados se diferencian por rubros, según las necesidades de cada sector usuario.

Otro tanto ocurre con muchas minisalas de cine, destinadas a satisfacer exigencias de cinéfilos, para lo cual deben procurar una programación altamente seleccionada, además de una elevada calidad de proyección y diversas comodidades que no son las usuales para otro tipo de públicos. Las NTA de TVCable y de señal codificada sirven a su vez a la existencia de una comunicación que, según todas las previsiones, tenderá a ser cada vez más interactiva entre el hogar y el centro de emisión e incluso a nivel de intercomunicación personalizada.

La creciente complejidad del EAL obligará, entonces, a planear políticas que atiendan la nueva realidad, contribuyendo a una mejor articulación y complementación de los diversos recursos existentes:

. satélites regionales y subregionales para dar a los canales televisivos locales una proyección continental o intercontinental (lo cual obligará a integrar esfuerzos bilaterales o multinacionales entre los países);

. articulación de recursos televisivos y audiovisuales en determinadas ciudades para abastecer con circuitos, cadenas y apoyo satelital las necesidades de cada espacio nacional;

. sistemas de transmisión de alcance local o selectivo, sea para uso educativo, cultural, informativo, servicios, bancos de imágenes y de datos, etcétera, valiéndose de los circuitos de TV-Cable, UHF, señal codificada u otras tecnologías en desarrollo.

Obviamente, el tipo de relaciones equitativas y democráticas que regirá las relaciones de estos medios dependerá del 4stema de acuerdos o desacuerdos —políticos, económicos, culturales— que existan en cada comunidad.

Antes que ser ejes de la cotidianidad y la cultura de una sociedad determinada, los medios de comunicación social —en particular, los audiovisuales— son una de sus diversas formas de expresión; razón por la cual, su desarrollo y mejoramiento dependerán de la existencia de sociedades también justas, democráticas y solidarias.

Prepararse para un futuro que ya comenzó

Nuevos y profundos cambios se advierten en el último período en el campo de las tecnologías electrónicas, que alertan a los países de la región sobre la fuerte incidencia que habrán de tener en ellos. El futuro, en lo que tiene que er con las innovaciones a implementarse seguramente en primeros años del próximo siglo, ha comenzado ya varias décadas atrás en los laboratorios científicos y tecnológicos de s naciones con mayor capacidad de previsión y de planeamiento.

El Informe Anual de 1993 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre el desarrollo de dicho sector afirmaba, entre otras cosas, que “las previsiones de desarrollo en beneficio preferentemente de los ricos, los intelectuales capaces, los jóvenes y los que viven en las zonas urbanas y suburbanas, en vez de servir a la sociedad en su conjunto. Al igual que la mayoría de las innovaciones, las telecomunicaiones pueden acrecentar las diferencias de riqueza y oportunidades de mejora social entre individuos y entre países”.

Pese a esas previsiones, los cambios tecnológicos y los intereses a los cuales responden en primera instancia avanzan sin mayores tropiezos, iluminando los albores del siglo XXI y alentando una sensación entre inquietante y movilizadora, como sería la de asistir, casi mágicamente, al nacimiento de una nueva era.

La comprensión de la imagen, la “fibra óptica”, el “hypermedia” o “multimedia”, la “realidad virtual”, la “televisión de alta definición”, la “superautopista informática” y la “interactividad televisual” son hechos relativamente nuevos, que anuncian, sin embargo, fuertes transformaciones en la tecnología, con previsibles incidencias en todos los campos de la existencia humana.

Más de veinte millones de asociados se intercomunican en el nivel mundial, utilizando la red de datos INTERNET, el primer correo electrónico basado en la interactividad de teléfonos, computadoras y modem, y cuyo crecimiento prosigue —desde su puesta en marcha en 1990— a un ritmo del 15 % mensual.

La fibra óptica permitirá un rápido desarrollo de ese tipo de redes, dada su mayor capacidad y velocidad de transmisión. En la actualidad permite multiplicar por cien la capacidad de los cables coaxiales de transmisión de imágenes, y si a ello se agrega el proceso de compresión de imagen, aquélla se multiplica por cien nuevamente, permitiendo el funcionamiento de poderosas autopistas informáticas por donde, junto con la información, podrán circular imágenes, voces y textos en forma de energía.

Estados Unidos pondrá en servicio en 1994 más de 4 mil millones de kilómetros de fibra óptica. El gobierno de ese país proyecta la puesta en marcha de un programa de autopistas electrónicas, facilitado con dicha fibra y la comunicación satelital, que insumirá unos 50 mil millones de dólares. Por su parte, la Comunidad Europea prevé una inversión de 10 mil millones de dólares en ese mismo tipo de tecnología.

Algunos países latinoamericanos ya están incursionando en esa tecnología, aunque en mucho menor escala. En la Argentina, por ejemplo, la fibra óptica comenzó a ser empleada en 1990 por las dos principales empresas telefónicas, habiéndose inaugurado en 1994 un circuito de 2 mil kilómetros de fibra óptica, los que se elevaban a 2500 a finales de dicho año. La televisión vía cable inició servicios con esta tecnología a principios de 1993.

Los elevadísimos costos que demanda la creación de autopistas electrónicas podrían ser fuertemente reducidos en muy pocos años si prosperan algunas alternativas tecnológicas, como la que propone en Estados Unidos Bill Gates, el mentor de Microsoft. Una de las más audaces propuestas en este sentido consiste en el lanzamiento de 840 minisatélites destinados a crear una red espacial de transmisión, por donde circularían voces, datos e imágenes de forma instantánea en todos los países del mundo. Dicho proyecto, que comenzaría a funcionar en el año 2001, podría ser una alternativa para los países subdesarrollados, dado que les permitiría acceder a las autopistas informáticas sin necesidad de recurrir a las elevadas inversiones en materia de tendido de cables de fibra óptica.

Los medios audiovisuales se integran cada vez más a las telecomunicaciones y ello inducirá a fuertes cambios en el sector industrial, comercial y de servicios. En el llamado multimedia convergen prácticamente todos los medios —imagen, sonido, textos— instalando la noción de lo audio-text-visual como nueva posibilidad para la educación, los servicios, el entretenimiento, la comunicación y la cultura.

La televisión de alta definición podrá modificar, a su vez, las formas tradicionales de la percepción cinematográfica, con previsibles impactos en las industrias de este sector, y con grandes ventajas para el empleo de la imagen en numerosos campos de la vida de nuestras sociedades (educación, capacitación, investigación, etcétera) junto con los que son propios del entretenimiento.

La realidad virtual, por su parte, se anuncia como la recreación de uno de los sueños más antiguos del hombre: la de amalgamar lo real y lo imaginario, lo deseado y lo —imaginariamente— percibido como posibilidad materializada.

Asistir hoy en día a una demostración de cualquiera de las técnicas referidas viene a plantear una sucesión de sensaciones, sentimientos e interrogantes, que tal vez sea muy parecida a la que experimentaban un siglo atrás los espectadores de las primeras proyecciones del cinematógrafo. El hecho de observar la reconstrucción en imágenes virtuales de una abadía francesa —de la cual sólo quedan algunas pequeñas ruinas— asombra, conmueve e, incluso, asusta, como seguramente ocurría con quien era espectador por primera vez de la llegada de un tren al andén que, a su vez, estaba situado a muy pocos pasos de su butaca.

La misma industria cinematográfica se está adaptando ya a estas innovaciones. Hollywood sigue siendo el paradigma en este sentido. Su estrategia tradicional, la de operar con modelos de internacionalización y estandarización (lo que hemos conocido como “modelo hollywoodense” de producción para la exportación), se ha potenciado en los últimos años con lo que Albert Michalet denomina “cinema-mundo”, dominio de una tecnología sofisticada de fabricación que tiende a conquistar a los jóvenes como nuevo y más promisorio mercado, estrategia que tendrá directas consecuencias sobre el futuro de la industria cinematográfica en todo el mundo.

Señala Michalet (1994): “En efecto, no solamente la obra cultural debe someterse a los modelos de homogeneización para una difusión a escala mundial; lo que implica la desaparición de las asperezas ligadas a un filme nacional, a un filme de autor. Sino que, además, el filme debe adaptarse a las exigencias de los nuevos medios —televisión, video, etcétera— que van a transformarlo en programas, en producto intermedio para las máquinas de la industria de las comunicaciones. Se hace así el soft de un hard que se le escapa. Producto normalizado, adaptado a las rejillas televisivas o al video, y a la insignificancia calculada de los contenidos destinados al público planetario, el film-pro grama se pone al servicio del cierre televisivo.”

La dimensión y la profundidad de estas innovaciones superan los campos específicos de la industria, el comercio y los servicios, y se proyectan cada vez más en los de la reflexión y el pensamiento —la filosofía— con nuevas nociones e interrogantes sobre los problemas de lo real y lo imaginario.

Para las sociedades primitivas, las manifestaciones culturales de la oralidad expresaban un claro rechazo a las de la racionalidad, manifestadas, por ejemplo, con la escritura y la lectura. Lo imaginario y lo mágico lo invadían todo, incluso las herramientas y los medios con que las primitivas comunidades transformaban su entorno.

Con el desarrollo histórico, lo real se conoció y se comprendió a través de la racionalidad y de las ciencias. Lo imaginario, en cambio, quedó circunscrito inicialmente al amplio campo de la poética y las artes y, más tarde, a las múltiples formas de la evasión y el entretenimiento.

La sociedad de masas, con la aparición de las industrias culturales y los medios de comunicación, introdujo fuertes cambios que tienden a domesticar el imaginario social ofreciendo un sueño detrás —o encima— de otro sueño, como si éstos estuvieran al alcance de la mano y formaran parte de la realidad inmediata. De modo parecido, banalizan simultáneamente dicha realidad por medio de la manipulación de lo cotidiano, haciendo cada vez más ardua la labor de distinguir los límites existentes entre la realidad y la racionalidad, por un lado, y la imaginería y la magia, por el otro.

El espectáculo no se reduce, así, como sucedía con la cuentística oral primitiva —o como nos ocurría hasta hace pocos años después de participar de un hecho artístico o cultural— a un momento de excepcionalidad, tras el cual la realidad y la razón emergían de nuevo, sino que tiende a invadir razón y realidad condicionando fuertemente su sentido, a partir del efecto de sus específicas y diferenciadas lógicas. De este modo, se prenuncia lo imaginario de la tecnología como algo distinto de lo humano, con tiempos, imágenes y sentidos que le serían relativamente propios.

Las interfases, que en los inicios de los años ‘60 materializaban las relaciones entre las máquinas, tienden ahora a definir las que corresponden a los hombres con las máquinas. Así, la técnica de la imagen virtual podría conducir, según su propia lógica, a la virtualización del hombre. La imagen que emerge cada vez más de estas tecnologías no sería probablemente la de una cultura sostenida en la racionalización de lo real, sino la de una cultura basada en la virtualización de lo imaginario domesticado.

Por todo ello, los acontecimientos tecnológicos a los cuales estamos asistiendo en nuestros días podrían alcanzar un impacto mucho mayor para el futuro de la humanidad que los que tuvieron la invención de la imprenta hace más de cinco siglos, o la del ferrocarril en el siglo pasado.

Pero es un futuro que ya comenzó. Y con él se abren numerosos y apasionantes interrogantes relacionados con la existencia misma de cada comunidad y de la humanidad en su conjunto.

Por ejemplo:

. ¿Cómo incidirán estos cambios en la vida cotidiana de nuestras comunidades?

. ¿Quién financiará el elevadísimo costo de algunos de ellos, como las “autopistas”, ya que sólo en Estados Unidos ellas demandarán inversiones muy superiores a los 50 mil millones de dólares?

. ¿Cómo afectarán la economía de los países periféricos y la renta pública de los Estados nacionales?

. ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías, pese a desplazar a algunas tradicionales, probarán ser efectivamente mejores que aquéllas? (Hay estudiosos que sostienen que si la TV-Cable hubiera llegado antes que la de señal abierta, ésta sería considerada mucho más innovadora que la precedente.)

. ¿Se producirá, como advierten los profetas de las tecnocracias, la desaparición de las fronteras entre los medios visuales, sonoros, audiovisuales, computarizados y telecomunicacionales?

. ¿Acentuarán estas nuevas tecnologías audiovisuales, o audio-text-visuales, las brechas existentes entre unas naciones y otras y en el interior de casi todas las sociedades? ¿O servirán, por el contrario, para una socialización de la información y la cultura?

. ¿Cómo afrontar los desafíos locales en los campos del diseño y la producción de software y de hardware para las nuevas técnicas audio-text-visuales?

. ¿Hasta qué punto no se plantea un retroceso al “enciclopedismo” del siglo XIX con las propuestas de quienes quieren acumular toda la información en una misma “autopista informática”?

. ¿En qué medida estos medios nacidos en las sociedades presuntamente más respetuosas de las libertades individuales no están atentando ya contra la privacidad de los individuos?

. ¿Cómo incidirán los canales temáticos —cada vez más selectivos y compartimentados— sobre el necesario sentido de comunidad —inseparable del de solidaridad— que debería afirmarse en cada sociedad?

. ¿Hasta qué punto la tecnología de la TV interactiva no implicará una pérdida de comunicación del individuo con su contexto natural —social, familiar— y una mayor dependencia en relación con los factores que manipulan el medio?

. ¿Cómo podrán satisfacerse las necesidades que ya se advierten en el sector de la formación profesional, no sólo para operar las nuevas tecnologías, sino para diseñar programas y el software informático que sean convenientes a nuestras necesidades específicas?

. ¿Cómo podrá redefinirse el perfil de los docentes, que hoy mismo ya están formándose como tales, cuando sus alumnos accedan directamente a la información y al conocimiento desde sus hogares por medio de pequeños equipos multimediales?

. ¿Será el lenguaje de los multimedios el lenguaje natural de la computación? ¿Llegarán a tener los léxicos de las nuevas tecnologías una lectura universal en un mundo cada vez más escindido étnica y socialmente?

. ¿Podrán el tiempo y la lógica propios del hombre actuar no ya indirectamente, como lo hacen ahora, sino de manera directa sobre el tiempo y la lógica de los ordenadores informáticos?

. ¿Conducirán las nuevas tecnologías a un desarrollo de las posibilidades de virtualización de la imagen o implicarán, por el contrario, una seria posibilidad de virtualización del individuo y de sus relaciones con los otros hombres?

. ¿Será necesario imprimir un sentido ético profundo a los cambios tecnológicos en el terreno de la comunicación, de manera semejante a lo que sucede cuando nos planteamos cambios científicos en otros asuntos, como la genética?

Estos y otros muchos interrogantes, que podrían formularse al respecto, no son planteados para un futuro más o menos remoto, sino que se dirigen a una realidad ya existente y que abarca los múltiples campos de la vida y la actividad de todos los hombres: economía, política, filosofía, religión, ciencia, estética, creatividad, vida cotidiana, en los que se intenta amalgamar —como ha sucedido siempre— lo imaginario y lo comprobable, lo deseable y lo posible.

Son interrogantes que a su vez necesitan de espacios de reflexión y de toma de decisiones, para que lo que siendo producto del desarrollo del conjunto de la humanidad sirva a la construcción de su futuro en términos más justos, equitativos y solidarios. En la conciencia, claro está, de que cuando el pragmatismo de la técnica se antepone al sentido humanista que debería regirla, la irracionalidad de la destrucción puede sustituir a la necesidad y la voluntad de existir, tal como lo ha probado muchas veces la humanidad a través de su historia.

A la espera de decisiones políticas

Algunas de las propuestas que podrían plantearse a partir del panorama expuesto figuran en los documentos elaborados durante los numerosos encuentros —gubernamentales y no gubernamentales— que, a lo largo de este siglo, trataron los problemas del audiovisual en su relación con aquellos más amplios del desarrollo. Sin embargo, tales propuestas no están acompañadas aún por claras decisiones políticas —tanto de los gobiernos como del sector privado y de las organizaciones sociales— que posibiliten su implementación efectiva.

Ello reclama de la concertación y la participación democrática de todas las capacidades —sociales, económicas, políticas, culturales— existentes en cada país y en la región. Concertación que debe proyectarse especialmente en los campos de la educación, la comunicación y la cultura, comprometiendo a todos los sectores relacionados con el audiovisual.

El Encuentro Regional de Expertos que tuvo lugar en México en 1991 sostuvo al respecto: “Es urgente y perentorio que respondamos en forma explícita a preguntas como las siguientes:

1. ¿Queremos o no preservar y fortalecer los recursos humanos, tecnológicos y culturales, del espacio audiovisual que hemos venido generando desde hace casi un siglo?

2. ¿Aceptamos o no la actual erosión y el inminente desmantelamiento de nuestra capacidad económica y humana instalada en el terreno del audiovisual?

3. ¿Deseamos sostener e incrementar las capacidades productivas nacionales y regionales de nuestras imágenes, o aceptamos convertirnos colectivamente en meros retransmisores de imágenes ajenas?

4. ¿Intentamos vernos expresados en esos espejos socioculturales que constituyen nuestras pantallas o renunciamos a Construir nuestra identidad, lo que es decir nuestra posibilidad de ser colectivo y con una personalidad reconocible?

Cuatro preguntas que convocan a sendas respuestas por parte de los gobiernos, los empresarios, las organizaciones sociales y los profesionales de los medios. De ellas dependerá, en suma, el futuro de esta “tercera mirada” —o de este “tercer ojo”, como bien lo definía Joris Ivens— sobre la cual se ha venido reflexionando.

Un ojo ve la realidad a través del visor de la cámara

mientras el otro permanece grande

abierto a todo lo que pasa alrededor de la pequeña imagen

encerrada en el cuadro.

Un tercer ojo, si se puede decir,

debe estar fijo en el futuro.

Joris Ivens “Los tres ojos del cineasta".

1 comentario:

  1. supongo que sos el padre de Estela, que fue alumna mia, en caricatura y guion, y la quise mucho... por facebook encuentro este blog, y me doy cuenta que tenemos muchas cosas en comun. como con Estela... por las dudas va un abrazo e Cilencio...
    no me funciona el acento... no soy tan bruto...

    ResponderEliminar