LA IMPORTANCIA DEL VIDEO EN EL DESARROLLO NACIONAL

Por Octavio Getino
Publicado en “Video, Cultura Nacional y Subdesarrollo”, Filmoteca UNAM, México, 1985.
Para el VI Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, 1984

Introducción

El valor de un medio de comunicación, como lo es en nuestro tiempo el video, se define por la importancia que tiene con respecto a un determinado proyecto histórico y político de desarrollo, y según cual fuere su contribución a los objetivos de aquél. Por tal razón habría que precisar que todo debate sobre las relaciones del video con el tema del subdesarrollo y la cultura nacional estará marcado quizás por un carácter demasiado generalizante. Ello es así porque las realidades y los proyectos de los países de América Latina y el Caribe experimentan contrastes y diferencias que dificultan la adopción de premisas con validez para el conjunto. Hablar del video en la Argentina no es lo mismo que hacerlo en Haití o en la sierra andina, del mismo modo que referirse a dicho tema desde el marco de un proyecto de capitalismo dependiente no es igual que hacerlo a partir de una política de justicia social y de liberación nacional.

Ello obliga a encarar el tema adoptando como referencia un espacio convencional, aproximado a lo que podría ser la globalidad de nuestro continente, y un proyecto de desarrollo capaz de servir a la liberación verdadera de aquél. Convenciones tal vez útiles para intentar contribuir en nuestros países a un uso válido del video.

La realidad ambivalente

Quizás ningún otro fenómeno ha impactado la vida de las sociedades de nuestro tiempo como el de la revolución tecnológica experimentada en los medios de información y comunicación social; sus efectos no se limitaron a lo que sería específico de los nuevos recursos; sino que se proyectaron en todas y cada una de las estructuras que conforman la realidad, sin distinción de fronteras, clases sociales o regímenes políticos. Economía, política, recursos militares, vida social, cultura y educación, ciencia y tecnología; todo lo que hace a la existencia de cualquier sociedad vive hoy bajo el influjo de los profundos cambios impulsados desde las naciones altamente industrializadas pero sostenidos a su vez sobre la base de un sistema mundial de explotación, dentro del cual fungimos como obligadas clases subalternas. Razón, sin embargo, para que tengamos el legítimo derecho de intervenir en esa revolución, que de manera incuestionable también nos pertenece para que ella pueda servir, al menos tentativamente, a nuestro verdadero desarrollo; un desarrollo concebido como proceso integral y armónico de liberación, coherente con las características e intereses de cada comunidad nacional, y por lo tanto antagónico de la concepción etnocéntrica y economicista, que sirve para alimentar el injusto sistema de relaciones internacionales hasta hoy dominante.

Resulta casi obvio reiterar datos sobre la importancia de esta revolución tecnológica. Baste sin embargo recordar que la mitad de la renta nacional de los EE.UU. proviene actualmente de la producción, transformación y distribución de materiales y servicios de información, y que el número de empleos creados en este campo sobrepasó en la nación del norte, en los últimos años, el número total de empleos generados por los sectores de la agricultura, la industria y demás servicios.

O particularizando más, que esa misma nación mueve anualmente en concepto de ventas y alquiler de video-películas un billón de dólares, cifra con perspectivas de quintuplicarse para 1988. Si esos datos referidos al impacto económico impresionan sobremanera, no menos podrían hacerlo los referidos a los efectos en la vida social, cultural y política de nuestros pueblos, aunque ellos no puedan ser fácilmente cuantificados.

Esta “revolución tecnotrónica”, como la definió Breszinsky hace más de un decenio, o la “civilización tecnológica y computarizada”, como la bautizaron otros, responde claramente al proyecto de fuerzas históricamente adversarias de nuestro verdadero desarrollo. Es, si se quiere, su intencionalidad manifiesta.

Sin embargo, al igual que ocurre en las comunicaciones sociales, la intencionalidad del productor de mensajes no basta para definir el sentido de éstos. Existe otra, tanto o mucho más importante y ella es la nuestra. Es decir, la libertad que relativamente poseemos para convalidar las intenciones de las naciones dominantes, o bien para neutralizarlas o cambiarles de sentido, a fin de que su valor real —y no el valor-propuesta de la intencionalidad— sea legítimo con nuestros proyectos e intereses.

En muchas oportunidades se asoció el término mass media al de droga; lo cual se presta más a confusión que a clarificación del asunto. Toda droga produce efectos muy distintos, según cuales fueren los organismos donde se insertan y las situaciones que ellos atraviesen. La historia de la humanidad ha experimentado la acción de políticas cuyo propósito fue el de “drogar” a las distintas sociedades para euforia o tranquilidad de sus clases sociales dominantes. Tal fue lo ocurrido con la institución-iglesia en su momento, o con la institución-escuela más recientemente. Otro tanto parece suceder con la institución mass media en nuestros días. Sin embargo, ninguna de esas instituciones ha sido capaz de imprimir un sentido unívoco a su labor; antes bien, desataron junto con las propuestas, un sinnúmero de reacciones no esperadas.

Más de una vez se describieron los aspectos nefastos de la estrategia de las naciones dominantes en relación a la oferta de medios tecnológicos. De ese modo quedó en claro que ellas se basan en la exportación de productos nacidos en las metrópolis, que son reflejo de las prácticas y condiciones económicas y culturales de una sola parte del mundo; representan en términos generales un fuerte consumo de capital más que de mano de obra; crean una situación de dependencia con respecto al capital, las fuentes de abastecimientos y los intereses mundialmente dominantes; corren a cargo de empresas transnacionales que conservan su control; redundan en beneficio de sectores minoritarios privilegiados, más que del conjunto de la comunidad. La aculturación promovida a través de dichos medios sería resultado de una creencia en la superioridad de determinados valores culturales y estaría referida a una voluntad de integración cultural subordinada de las sociedades dependientes con respecto a las dominantes. De manera fatalista, llegó incluso a sostenerse que ellos “no eligen”, sino que exterminan las culturas.

Por otra parte también se destacaron las virtudes de estos medios. Se habló de la presunta “inocencia” de los mismos; se recuperó, particularmente en el caso del video y los medios “ligeros”, su hipotética contribución a la democratización informativa; se experimentó en el campo de la educación y la capacitación, y tras esa finalidad, fueron incluso aplicados en las más remotas comunidades campesinas. En aldeas rurales de algunos países africanos el video fue experimentado como nuevo medio de comunicación a fin de que la población tribal fuera capaz de emplear el magnetoscopio y los monitores antes que el lápiz y el papel.

El lenguaje audiovisual parecía cobrar así mayor importancia que el lenguaje escrito. En nuestro continente, términos tales como “pedagogía audiovisual” comenzaron a desarrollarse en el trabajo de capacitación rural, en poblaciones predominantemente analfabetas.

Para unos la condenación y para otros la panacea, el video abrió debates que se extendieron desde los organismos gubernamentales, hasta el interior de cualquier familia citadina. El debate prosigue mientras la nueva realidad que se extiende aceleradamente sin que al parecer nada pudiera impedirlo, y frente a lo cual no cabe ya elusión alguna.

El video en América Latina

Hasta inicios de la década de los 70, el tema del vídeo resultaba para nosotros bastante exótico. Conocíamos algo de los avances que se estaban produciendo en los países industrializados y de las tentativas que en ellos llevaban a cabo grupos sociales y políticos, en pos de lo que denominaban una comunicación democrática o alternativa. Recordamos el entusiasmo de las jóvenes generaciones europeas y norteamericanas, o al menos de un sector de las mismas, en cuanto a las posibilidades inéditas de democratización que se abrían. Sabemos también de la frustración de más de una de esas experiencias y la reaparición, nuevamente, del escepticismo o de la resignación.

En los países latinoamericanos el tema comenzó a tener verdadera vigencia hace poco más de diez años; paradójicamente su aparición no se asoció a la tentativa de democratización comunicacional —fue simultáneo de la contraofensiva autoritaria y dictatorial en buena parte del continente- , sino al afán consumístico de algunos sectores sociales privilegiados, a la tentativa de abaratar los costos en la publicidad de las empresas transnacionales o locales, y en mucho menor medida, a las inquietudes de algunos sectores públicos en el terreno de la educación y la capacitación.

El empleo del “videocassette “, por ejemplo, desplazó al “film” propiamente dicho en mayor parte de la producción de publicidad para emisiones televisivas. Mientras que hasta hace muy pocas décadas la sustitución de un medio por otro demandaba de prolongados procesos de evolución tecnológica, en nuestros países bastaron apenas cinco años para que magnetoscopios, editoras de video y generadores de caracteres, comenzaran a sustituir a las cámaras de cine y a las moviolas.

En las emisoras de televisión las filmotecas fueron prácticamente suplantadas por flamantes videotecas, en las que se archivó y organizó no sólo el material nuevo, sino también las viejas películas. Empresas dedicadas por entero a la producción cinematográfica, no tardaron en pasar, casi de la noche a la mañana, a la producción de video, particularmente de spots publicitarios; el negocio de las transnacionales se multiplicó así rápidamente.

También en la actividad privada comenzó a experimentarse la producción de documentales con cámaras portátiles e incluso largometrajes cuya producción resulta estimulada por la posibilidad de transferencia del video a película, y su utilización en los circuitos de salas comerciales.

Más de un millar de empresas dedicadas a la producción y servicios de video copiado, de películas y alquiler de las mismas, hablan de la importancia que esta actividad asumió en pocos años en los países de la región. Ella se ha visto reforzada con la importación legal o ilegal de cientos de miles de videocasseteras y la creación de centenares o millares de video clubes.

Asimismo en diversos países algunos organismos gubernamentales han procedido a realizar experiencias en el terreno de la extensión educativa y la capacitación industrial y rural. El video ha irrumpido con más irreflexión que cordura en numerosos centros educativos, principalmente de enseñanza media y superior. También lo hizo en importantes áreas rurales, operando sobre pequeños y medianos productores agrícolas, como ocurrió en Perú y México, a través de los sectores a cargo del desarrollo rural.

Sobre el conjunto de todas estas experiencias campea sin duda la agresiva labor de penetración de las empresas transnacionales. Por su parte, diversos organismos de asistencia o cooperación internacional también han promovido la incorporación del video en programas y proyectos de desarrollo.

¿Cuál ha sido la respuesta dada por los organismos gubernamentales de la mayor parte de nuestros países? Convengamos que esta nueva realidad no ha encontrado hasta el momento alguna tentativa seria que procurara insertarla en las casi inexistentes políticas comunicacionales; tampoco se percibe todavía una preocupación real por adentrarse en el conocimiento del problema.

La rapidez con la que actuaron empresarios, técnicos y usuarios para valerse del video, según los intereses sectoriales que cada uno representaba, contrastan sí con la lentitud o la desidia en los sectores públicos, encargados de fomentar las comunicaciones sociales en nuestros países. Sin embargo, no cabe duda de que al Estado le compete, con mayor responsabilidad que a nadie, afrontar cuanto antes la situación planteada, concertando los medios que le son propios y aquellos otros en poder de los distintos sectores de la comunidad nacional.

Dos aspectos de un mismo problema

El primer tema a considerar radica en la posición de asumir frente a los materiales producidos en el exterior y cuya difusión a nivel local pareciera haberse hecho ya prácticamente inevitable. El segundo consiste en plantearnos cuál ha de ser la actitud a seguir para la incorporación de las modernas tecnologías a nuestras estructuras productivas. Ambos temas nos remiten a su vez a otros asuntos que requieren un análisis particular.

En relación al primero de los temas señalados, resulta claro que se trata de delinear políticas en torno a lo que un país todavía no le ha significado inversión alguna, por lo menos en el plano de la producción de maquinarias, equipos, insumos, o programas grabados. Tales políticas deben partir del hecho más importante desencadenado por la irrupción del video en el interior de cada sociedad y que está dado por los efectos ideológico-culturales que se deriven del consumo acrítico de aquél y que, por lo tanto, perjudican el desarrollo de nuestras identidades nacionales.

En este sentido, la respuesta no consistiría tanto en restringir la difusión del material ingresado al país, lo cual sólo serviría para despertar un interés indiscriminado por el mismo, cuanto en promover la capacidad crítica de la población, a fin de que ésta sea capaz de adoptar o negar los mensajes ajenos, pero por lo que conoce sobre ellos y no sobre lo que ignora de los mismos.

Difícil, naturalmente, la puesta en marcha de una respuesta que obliga a un complejo proceso de construcción; más fácil resultaría en cambio la destrucción de lo que parece nocivo, en la medida que no promovería las dificultades de análisis crítico de la población. Por el contrario, las inhibe en la medida que no posibilita su democrático ejercicio.

La labor de educación formal y no formal, y la que pueden realizar los medios masivos de comunicación resulta a todas luces indispensable para contribuir al desarrollo de la capacidad crítica de nuestros pueblos. Con más razón aún si se recuerda que durante muchos años habremos de continuar importando en cada territorio nacional productos en cuya formulación y diseño no intervenimos.

Por ello sigue resultando anacrónico que en los programas educativos, e incluso en los medios masivos mejor intencionados, se continúe con el criterio de promover el conocimiento de medios cuya incidencia es mucho menos significativa que la de los modernos recursos electrónicos audiovisuales. La comunicación escrita, la música y la danza, e inclusive el teatro, absorben la mayor parte de la atención de los programas de estudios, situación que sería menos anómala si estuviera acompañada de una igual o mayor preocupación por el tratamiento del lenguaje cinematográfico y televisivo, es decir, de aquel más empleado —al menos en situación de consumidores— por la población infantil y adolescente de nuestros países. Si reparamos en que más del 80% de la programación audiovisual emitida por las salas de cine, los canales de TV, los circuitos de televisión vía cable y el video, proceden de naciones con proyectos históricos y situaciones culturales que poco o nada tienen que ver con los nuestros, la exigencia de “alfabetización” audiovisual de nuestros pueblos resulta mucho más urgente y necesaria. Ellos demandan del esfuerzo de los sectores públicos a cargo de la educación, la cultura y los medios, y también del conjunto de las organizaciones no gubernamentales (partidos políticos, sindicatos y gremios, instituciones religiosas, nucleamientos de la juventud y de la mujer, etc.) en una labor de estrecha concertación, a la cual deberían sumarse los aportes de los profesionales y especialistas en comunicación social. De ser adecuadamente instrumentada, este tipo de política podría constituirse en el principal muro de contención frente a los mensajes nocivos importados, y también en una de las formas más productivas para adaptar o recrear aquellos contenidos que pudieran servir a nuestro desarrollo.

Con lo cual, sin necesidad de otras inversiones que las que resultan del mayor y mejor empleo de nuestros recursos humanos y de nuestra capacidad creativa, estaríamos en condiciones de aprovechar la producción externa, para revertir su sentido, o para tratar de incorporarla, crítica y activamente, a nuestro bagaje cultural.

Políticas para los medios audiovisuales

También en relación al tema de la producción externa, que ocupa cada vez más espacio en el llamado “tiempo libre” de nuestros pueblos, debemos destacar la creciente vinculación entre el medio cinematográfico y el televisivo, situación que obliga a replantear las políticas comunicacionales existentes, en caso de que ellas realmente, sobre todo en lo referido a los problemas nacidos de dicha vinculación.

Pocos años han pasado para que las fronteras que parecían existir entre el cine y la TV comenzaran a esfumarse en el plano tecnológico, en el lenguaje empleado y en los modos de difusión. Uno y otro medio utilizan cada vez más maquinarias e insumos semejantes, e intercambian formas de tratamiento audiovisual que por momentos nos impiden distinguirlos. Asimismo, el consumo de películas difundidas por televisión es para el espectador latinoamericano entre 15 y 20 veces mayor que las que consume por su concurrencia a las salas cinematográficas; sin contar el tiempo dedicado a las películas alquiladas en los videoclubes. Podríamos afirmar entonces que antes que disminuir el consumo de cine, éste se ha incrementado significativamente, a través de un modo de difusión y de uso distinto. Todo esto nos dificulta el hablar del cine o de la televisión como especificidades, así como plantear políticas compartimentadas para ambos medios. Antes bien, la superposición o integración de los mismos recomienda la elaboración de políticas integradas para los medios audiovisuales, tal como ya existe en la inquietud de algunos sectores de la actividad productiva de nuestros países.

Video y proyectos nacionales

El segundo tema al que nos hemos referido es el de la conveniencia de encarar políticas de producción de video a nivel local, con todo lo que ella implica para los recursos y las posibilidades de un país.

¿Puede, sin embargo, darse una respuesta satisfactoria a este problema, si es que nos limitamos a la evaluación del medio en su especificidad? Evidentemente no; por ello nos corresponde regresar al tema de los proyectos nacionales de desarrollo, como parámetro principal para la valorización de los medios de comunicación.

Una de las dificultades que aparece en nuestros países a primera vista es que sólo en muy contados casos encontramos proyectos históricos nacionales capaces de resistir algún tipo de confrontación. La impotencia y la cobardía políticas de la casi totalidad de nuestras clases dirigentes —aunque en realidad muchas de ellas no superaron nunca el simple rol de dominantes— alienta un estado de improvisación generalizada, absolutamente incapacitado para articular el más elemental proyecto de desarrollo autosostenido. Por otra parte, los escasos proyectos existentes en esa direccionalidad no tardaron en ser momentáneamente vencidos con la complicidad de intereses externos y locales, a lo cual habría de afectar la vida de nuestras comunidades incluidos sus recursos comunicacionales.

Diagnósticos y estudios

Difícilmente podrían diseñarse políticas para el empleo del video, de no mediar previamente un estudio de las circunstancias donde aquellas encontrarían su explicación y sentido. Dicha labor constituye una de las tareas prioritarias, e implica la consideración de diagnósticos situacionales y estudios integrales de factibilidad, donde los indicadores que se seleccionen sean coherentes con las finalidades que se buscan.

Es bien sabido que la toma de decisiones en nuestros países adolece de la falta de instrumentos técnicos y metodológicos adecuados, capaces de imprimir un carácter científico a los procesos abordados, para contribuir a su viabilidad. Científicos no en relación a la concepción etnocéntrica y a la que sustenta la voluntad autoritaria y expansiva de las naciones dominantes; sino a la que debería resultar legítima de un proyecto de liberación. Todo indica que el empirismo y la improvisación terminan manejados por la intencionalidad ajena cuando no hemos sido capaces de dar vida a la nuestra, según las características y aspiraciones que nos son propios. Nos corresponde, en consecuencia, definir desde la peculiar e intransferible circunstancia en la cual estamos inmersos, el sentido que imprimimos a la investigación y al conocimiento científico, bases indispensables para el abordamiento de nuestras realidades y para la adopción de decisiones.

Este proceso demanda de una labor interdisciplinaria e intersectorial, capaz de reunir a las distintas áreas relacionadas con los procesos comunicacionales. Ningún especialista por sí solo estará en condiciones de dar respuesta a las múltiples exigencias de una labor como la señalada. Economía, política externa e interna, educación y cultura, capacitación técnica y profesional, desarrollo industrial y rural, promoción de la mujer y la juventud, recursos científicos y técnicos, son, entre otras, áreas directamente involucradas en la posible decisión sobre los nuevos medios de comunicación y particularmente, sobre el video. Esto constituye, como ya se ha señalado, un recurso comunicacional que se suma a los preexistentes y al que le cabe un sinnúmero de posibilidades (quizás no menor al de sus dificultades, según la situación de que se trate), en el terreno de la información y la divulgación, la educación, la capacitación, la expresión artística y la recreación; líneas de trabajo que a su vez pueden ser aplicadas para operar sobre sectores sociales amplios o selectivos, según la política y las estrategias que se desprendan de los estudios previos.

Aparece no obstante una prioridad a tener en cuenta y es la de armonizar los intereses de la comunidad nacional con los de las distintas fuerzas organizadas que la conforman. En este sentido, toda política de aprovechamiento de un medio como el video, debería privilegiar el trabajo en dos áreas principales: la del Estado y la de las organizaciones no gubernamentales, representativas de la vida de una nación.

El Estado y la población organizada

Desde las perspectivas de aquello que debiera promover el Estado, podría caber su aplicación en los sectores que de él dependen, particularmente la educación, la cultura, los proyectos y programa de desarrollo sectorial, la capacitación técnica y la promoción de los sectores relegados.

Al Estado le cabe también otra labor tanto o más importante como es la de fomentar el empleo del medio audiovisual y el video en las organizaciones no gubernamentales. Esto supone políticas de cooperación técnica para poner en marcha, a requerimiento de dichas organizaciones: programas de utilización de este medio para incrementar el intercambio y el desarrollo informativo dentro de cada organización y hacia el exterior de ellas, la labor de capacitación de cuadros dirigenciales, profesionales y técnicos, el refuerzo de la educación entre los integrantes de las organizaciones, y las actividades de aprovechamiento creativo del tiempo libre.

La participación organizada de la población en la producción y aplicación de programas y actividades de video, contribuirá así también a desmitificar este tipo de medios y a democratizar la comunicación.

Ello no significa invalidar el papel de los profesionales y técnicos especializados en el manejo del medio, sino por el contrario, reforzar y redefinir su papel en el marco de una población que crecientemente utiliza el nuevo recurso y los nuevos lenguajes, y que establece por lo tanto nuevas perspectivas y exigencias para los propios especialistas.

Esta labor de las organizaciones no gubernamentales no debiera ser concebida como alternativa a la realizada por el Estado o por la iniciativa privada. Lo alternativo o no de la comunicación no puede estar visualizado por el tipo de medios que se emplean o por las metodologías y modos de uso en la producción y difusión, sino por el carácter del proyecto histórico y nacional de desarrollo, del cual ellos forman parte. No hay en primera instancia medios alternativos, sino proyectos políticos alternativos, opciones que se diferencian o se enfrentan, para ganar el respaldo popular (o el poder autoritario de las fuerzas) e instalar modelos de desarrollo de uno y otro tipo.

Por ello los medios tecnológicos más avanzados o aquellos tradicionales o rudimentarios, la telemática y la comunicación interpersonal, el satélite de comunicaciones y el mimeógrafo, el cine difundido en las salas comerciales y el video empleado en los centros educativos o en la labor política y popular, antes que resultar antagónicos, se complementan, a la vez que actúan en función de un proyecto compartido, rico en diversidad y en particularidades, como son las de existencia de cualquier individuo. Lo importante a destacar es que toda tentativa de producción comunicacional, al margen de organizaciones o instituciones representativas de la vida de una sociedad puede quedar condenada a la marginalidad, a un mero uso de élites concebido para comunicarse con otras élites.

No es lo mismo indudablemente, que un pueblo cuente con un gobierno representativo de sus intereses, o que se halle en proceso de construirlos. Pero será a la luz de esa situación, donde pueblo y gobierno mancomunados, o bien, el pueblo a través de sus organizaciones y en la disputa por el poder nacional deberá ir definiendo el papel que pueden y deben cumplir las comunicaciones para su desarrollo. Para esa finalidad corresponde destacar el valor de la gestión popular en la definición de las políticas comunicacionales, en el empleo de los medios y en su desarrollo, gestión que puede complementarse naturalmente con la gestión estatal, allí donde exista un proyecto político regido por criterios democráticos y de concertación, pero que también habrá de resultar gestión alternativa, cuando los intereses del Estado y de las grandes mayorías de la población entren en abierta colisión.

Conclusión

No cabe duda que en la actualidad y por la falta de políticas nacional y previsoras en la casi totalidad de nuestros países los medios audiovisuales, y particularmente el video, siguen siendo empleados antes que como bienes sociales, como mercancías. Ello explica que sean medios de clase —en este caso, de clase privilegiada— y no medios populares, es decir, medios pertenecientes a las grandes mayorías de una comunidad.

El problema a resolver, entonces, se reduce simple, pero complejamente, a precisar con claridad la forma en que el video, puede ser convertido en nuestra realidad latinoamericana en bien público y social y en un verdadero recurso comunicacional para el conjunto de la población.

La respuesta no es fácil. Ella reclama de todos los sectores de la vida de nuestros países para concertar esfuerzos, aportes y soluciones; convoca también a la cooperación necesaria en los países de la región a fin de sumar recursos de distinto tipo para que se viabilicen alternativas realistas que nos permitan crecer sin sujeciones externas o internas.

Se trata precisamente de recurrir a nuestra capacidad creativa y de invención, en suma, a la construcción, en los caminos más posibles, deseables y adecuados. De lo contrario seguiremos culpando a los hoy dueños del poder mundial de nuestras insatisfacciones y pesares, en vez de encontrar en nuestras propias realidades la responsabilidad que nos cabe, posibilitando opciones adecuadas para el cambio.